El ministro de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba, Carlos Massei, en diálogo con Cadena 3 adelantó que el próximo lunes el gobernador Juan Schiaretti firmará con las autoridades de la Anses un programa que consiste en el intercambio de datos de activos y pasivos para agilizar el plan oficial de asignación universal por hijo.

El funcionario provincial se mostró expectante ante la puesta en marcha de dicho programa nacional y valoró la actitud del Gobierno nacional.

“A nosotros nos interesa que las 145 mil familias puedan tener acceso a ese derecho y que lo hagan de la manera más rápida. Nosotros apoyamos este programa porque es una manera de combatir el hambre y la pobreza”, remarcó Massei.

“Estamos trabajando para evitar episodios de clientelismo político. Queremos que a estos beneficios los reciba la gente que realmente lo necesita. Este es un salto cualitativo”, agregó el titular de la cartera de Desarrollo Social de Córdoba.

En otro sentido, y tras la polémica originada por la aparición de gestores para la tramitación, tal como constató esta radio en Colonia San Bartolomé, por ejemplo, el funcionario señaló: “No tenemos que retener a nadie los documentos nacionales de identidad para llevar adelante el trámite, y nadie puede cobrar un peso de la gestión. Nosotros vamos a salir a trabajar para acelerar la documentación y evitar colas en nuestros registros civiles”.

En la víspera, un grupo de vecinos de la localidad cordobesa de Colonia San Bartolomé denunciaron que la jueza de paz Mavdel Romero incurre en "irregularidades" para otorgar el beneficio.

Aseguran que la magistrada obligó a los beneficiarios a pagar un monto de dinero para entregar la ayuda del Gobierno nacional.

A su vez, denunciaron que se les retuvo los documentos nacionales de identidad a quienes se negaron a realizar el pago.

En ese marco, la gerenta de la Región Centro de la Anses, Mónica Gutiérrez, en diálogo con Cadena 3 se mostró sorprendida por la noticia y recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la provincia a radicar la denuncia para que se investiguen las denuncias.

“Algunos de los damnificados se resisten a brindar sus identidades porque desde sus comunas les infunden miedo. Esta gente que se ha animado a denunciar los episodios, es muy humilde, de muy bajos recursos”, aseguró la funcionaria nacional.

A su turno, la propia jueza, en diálogo con Cadena 3 reconoció que ofició de intermediaria, aunque negó que por los trámites haya cobrado o retenido documentación.

“No se trató de retención de documentación. Cada persona de San Bartolomé me rogaba para que no abandonáramos el trámite. El viernes decidí devolver las carpetas a todas las personas que habían firmado el acuerdo. Esta mañana (por ayer), tanto en el Juzgado como en mi domicilio, mucha gente se acercaba llorando porque no puede hacer el trámite”, admitió.

“Ellos -por los vecinos- hicieron el depósito de manera personal y voluntaria. La documentación que entregaron era para la presentación en la delegación de la Anses. A nadie le he cobrado un peso. Es más he puesto de mi bolsillo para hacer las copias. Nadie ha cobrado nada”, puntualizó.

En ese sentido, una mujer que había realizado el trámite con la jueza de paz, señaló a Cadena 3 que le encomendó esa tarea porque no goza del tiempo suficiente para trasladarse hasta la sede de la Anses en San Francisco.

“Mucho del tema no sé. Vine, dejé los papeles en su despacho y me fui. Yo estaba de acuerdo para que ella me hiciera el trámite porque no tengo tiempo para ir a la Anses. Me parece bien que haga esto”, aseguró la vecina.